RIGI y súper RIGI ¿industrialización o nueva dependencia?

 

            El estancamiento nacional no comenzó con el actual gobierno. Tiene una raíz profunda en la reorganización económica iniciada en 1976, cuando se consolidó una estructura de dependencia que ningún gobierno democrático logró revertir plenamente. El programa de Milei no inaugura esa orientación pero la profundiza y la convierte en política explícita. El RIGI y el Súper RIGI deben analizarse dentro de ese proceso.

            La inversión extranjera no es, por sí misma, perjudicial. Un país necesita capital, tecnología y mercados. Pero una inversión solo contribuye al desarrollo nacional cuando amplía la capacidad productiva propia, genera trabajo calificado, incorpora conocimiento, fortalece proveedores locales y deja en el país una parte sustancial del valor que produce.

            El RIGI concede a grandes proyectos condiciones tributarias, aduaneras, cambiarias y jurídicas extraordinarias, con garantías de estabilidad por largos períodos.     El Súper RIGI profundiza esa orientación y construye un régimen especial para grandes capitales, con ventajas que no están disponibles en condiciones equivalentes para la mayoría de las empresas argentinas.

            Mientras la industria nacional enfrenta costos, restricciones y competencia externa, determinados emprendimientos extranjeros reciben un marco privilegiado para operar en sectores decisivos.

            Los recursos comprendidos en estos regímenes so los hidrocarburos, la minería, la energía y tierras raras. Constituyen una parte central de la riqueza presente y futura del país.

            El litio, el cobre, el gas, el petróleo y otros minerales son insumos estratégicos para la producción, la energía y las tecnologías que disputan las grandes potencias. Su importancia recuerda, en otro contexto, la crisis petrolera de 1973 cuando los recursos naturales se convirtieron en instrumentos de poder internacional.

            Cuando los proyectos dependen de equipos importados, patentes extranjeras y conocimientos controlados desde sus casas matrices, esa operatoria produce una dependencia tecnológica.

            Si además las empresas compran insumos a firmas vinculadas del exterior, una parte del valor se transfiera mediante precios fijados dentro de los propios grupos económicos.

            También debe considerarse el destino de las ganancias ya que la posibilidad de disponer de divisas y remitir utilidades al exterior beneficia a los inversores, pero limita la capacidad del país para retener recursos y reinvertirlos en su desarrollo.

            Con este formato la Argentina aporta sus recursos naturales, su territorio, su infraestructura y su fuerza de trabajo, mientras las decisiones empresariales, los conocimientos esenciales y una parte significativa de los beneficios permanecen fuera de sus fronteras.

            La desigualdad entre capital extranjero y producción nacional se agrava con la apertura de importaciones. Una empresa local debe afrontar riesgos pero garantizamos ventajas al capital extranjero.

            A esta orientación se suman otras reformas del gobierno. La Ley Bases, las modificaciones al régimen de tierras, la reforma laboral, las privatizaciones y la apertura indiscriminada de importaciones integran un programa que reduce instrumentos de protección y decisión nacional.

            La reforma laboral debilita la posición de los trabajadores; el desfinanciamiento de la infraestructura, la educación y la salud. Deteriora capacidades indispensables para el desarrollo.

            Los conflictos por el cumplimiento de las obligaciones de coparticipación federal, además, afectan a las provincias y a los servicios que prestan a sus habitantes.

            No son medidas aisladas son un conjunto, que desplaza el peso de la economía hacia la extracción de recursos, la primacía del capital y la reducción de las responsabilidades públicas, en lugar de construir una estructura productiva diversificada, integrada y capaz de incorporar ciencia y tecnología.

            La privatización o el retiro del Estado no garantizan, por sí mismos, eficiencia ni desarrollo, pueden significar que decisiones fundamentales para la vida colectiva queden sujetas a intereses privados que no tienen interés en priorizar el bien común.

            El contraste es aún más evidente si se considera que existen grandes fortunas argentinas colocadas fuera del país, mientras el Estado ofrece condiciones excepcionales para atraer capital extranjero.

            ¿Por qué la riqueza acumulada por argentinos no encuentra suficientes incentivos ni confianza para convertirse en inversión productiva nacional?

            ¿Por qué se conceden ventajas extraordinarias a grandes grupos externos mientras se exige sacrificio a trabajadores, jubilados, pequeñas empresas y provincias?

            La respuesta seguramente no es por falta capital. También hay que discutir la orientación de la política económica, la distribución de los riesgos y el poder de decisión.

            El costo de estos privilegios no desaparece. La reducción de ingresos fiscales, el endeudamiento y el ajuste sobre servicios públicos trasladan cargas a la sociedad.

            Los beneficios se concentran en empresas e inversores extranjeros, mientras los costos recaen sobre el conjunto del país, especialmente, sobre quienes dependen de sus salarios, jubilaciones, escuelas, hospitales e infraestructura.

            La Nación compromete recursos y posibilidades futuras; el pueblo argentino paga la factura de una dependencia que no eligió.

            Esta orientación económica tiene, además, una dimensión geopolítica. Estados Unidos y China disputan el liderazgo industrial, tecnológico y financiero; India amplía su peso internacional, Rusia conserva una gravitación estratégica y los BRICS expresan, con sus diferencias y límites, la búsqueda de mayor margen de acción frente al orden dominado por Occidente.

             En esa competencia, América del Sur adquiere una importancia creciente por sus recursos energéticos, minerales críticos, agua, alimentos y posición geográfica.

            Argentina, junto con Chile y Bolivia por sus reservas de litio, y Venezuela por su petróleo, ocupa un lugar de interés para las potencias.

            El problema no es que esos países despierten interés internacional, el problema es que la política argentina renuncie a negociar desde una estrategia propia y convierta sus recursos y decisiones en piezas de una agenda ajena. Una relación internacional verdaderamente provechosa exige capacidad de negociación, diversificación de vínculos y defensa de los intereses nacionales, no adhesión automática.

            La subordinación también se revela en el plano diplomático porque el gobierno de Milei presenta su alineamiento con Estados Unidos como una garantía de respaldo y seguridad.

            Sin embargo, Washington propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, uno de los ámbitos donde la Argentina sostiene su reclamo por Malvinas.

            La posición estadounidense es contraria a los intereses argentinos de soberanía sobre Malvinas, las islas del Atlántico Sur y nuestra proyección antártica.

            Por eso, la contradicción es profunda, mientras el gobierno proclama defender la soberanía, acompaña políticamente a una potencia cuyos actos, en una cuestión esencial, se oponen a los intereses nacionales. Claramente no estamos ante una alianza entre iguales que acuerdan una agenda común, sino ante una subordinación que deja a la Argentina expuesta a prioridades ajenas.

            Nuestro país es tratado como un simple territorio de operaciones, como  proveedor de recursos, mercado para capitales externos y escenario de la disputa entre potencias.

            Los beneficios de esa relación se concentran en quienes controlan las inversiones y la estrategia; los perjuicios recaen sobre la Nación y los costos los paga el pueblo argentino, mediante el debilitamiento de su industria, su empleo, sus servicios públicos y su capacidad de decidir sobre el futuro.

            La discusión sobre el RIGI y el Súper RIGI, entonces, no consiste en estar a favor o en contra de toda inversión. Consiste en determinar qué inversión necesita la Argentina y bajo qué condiciones.

            Un proyecto de desarrollo nacional debe exigir encadenamientos productivos locales, formación de trabajadores, transferencia y creación de tecnología, procesamiento de los recursos en el país, controles sobre las operaciones entre empresas vinculadas, reinversión de una parte sustancial de las ganancias y respeto por las necesidades ambientales y sociales de la comunidad.

            La pregunta que debe orientar el debate es sencilla y fundamental.

            ¿Estas reformas están construyendo una Argentina capaz de producir, conocer y decidir por sí misma, o están consolidando un modelo en el que otros controlan los recursos y las decisiones, mientras nuestra sociedad soporta los costos? 

El desarrollo no se mide únicamente por el capital que entra.

Se mide por la soberanía económica, por el aumento de la capacidad productiva

  y el progreso tecnológico que se atesora en el proceso.

Pero gran indicador es la mejora de la calidad de vida del pueblo argentino.

El autor es Director General del Grupo Sampay